Fiscal de Urbanismo asegura que la reforma del Código Penal agilizará la ejecución de las sentencias de derribo

-->>[Cantabria Confidencial] [04/11/09 | 11:33 h.]

Vercher pide un "cambio social" para que los delitos medioambientales pasen a la legislación penal

El fiscal coordinador de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, confió hoy en que la reforma del Código Penal que ahora está en proyecto ayudará a agilizar la ejecución de las sentencias de derribo. Este tema era hasta la fecha, según admitió, la "bestia negra" de la legislación urbanística, si bien detalló que en los últimos años se han conseguido ejecutar demoliciones en Asturias o distintas provincias del sur de España.

Con la reforma que está "en ciernes", los jueces podrán ordenar la demolición de las edificaciones afectadas, a cargo de los autores, a quienes se impondrá además la reposición de los bienes a su estado anterior. También se contempla el pago de las indemnizaciones y el "comiso" de las ganancias obtenidas si se ha cometido delito o la imposición de que los beneficios "ilegales" de proyectos anulados tengan que destinarse a su "adecuada utilización".

Y las personas jurídicas o empresas podrán responder penalmente sobre estos y otros hechos contra el medioambiente, en un planteamiento que calificó de "completamente rupturista" respecto al ordenamiento tradicional español. Todas estas modificaciones serían la consecuencia de que los delitos contra el medio ambiente entraran dentro de la legislación penal, más severa. Y esto se introducirá en el Código Penal a instancias de la Unión Europea, que en 2008 aprobó una directiva en la que se instaba a proteger la naturaleza utilizando la legislación penal.

En principio la directiva establecía un "derecho penal de mínimos" en materia medioambiental. Pero la aplicación del principio de subsidiariedad, mediante el cual los problemas los resuelve la autoridad que los tiene más cercanos, implica que los estados estén "en condiciones" de su aplicación. Además, este cambio en la concepción de los delitos medioambientales está relacionado con la doctrina del Consejo de Europa, que ha comenzado a interpretar el medio ambiente como un derecho fundamental, al mismo nivel que la integridad física o la libertad de expresión.