La "megaestafa" de la ciudad del cine

-->>[Diagonal] [07/05/09 | 12:38 h.]

Roberto Mazorra. Redacción

El pasado 1 de abril se reunió el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Angel Revilla, con los promotores estadounidenses de la Ciudad del Cine. Unos meses antes, la empresa en teoría titular del proyecto, Celtus, presentó una denuncia por presunta estafa contra dichos promotores y contra varios funcionarios de la administración autonómica.

El proyecto para ubicar la Ciudad del Cine en las antiguas canteras de Solvay, en Cuchía, tiene su origen en la iniciativa de un grupo de empresarios cántabros –Celtus– a finales de 2002. Durante los años siguientes, dicha empresa mantuvo diferentes contactos con el ejecutivo cántabro hasta que, a finales de 2007, entra en escena VFM Investment Group, sociedad presidida por el disidente cubano Armando Valladares. Este grupo inversor, en un principio aliado financiero de Celtus, desplaza ulteriormente a esta última como interlocutor principal del proyecto. José Chauffleur, vicepresidente de VFM en Europa, es quien lleva personalmente las negociaciones con el Gobierno de Cantabria, el cual concede en agosto de 2008 la declaración de "Interés General" para el proyecto presentado por VFM.

La demanda contra VFM

En este contexto se sitúa el requerimiento que efectúa Celtus al Gobierno de Cantabria sobre la "verdadera titularidad del proyecto", solicitando la paralización del expediente. Ante el ’silencio administrativo’ presenta a finales de enero una denuncia en el juzgado contra los dirigentes de VFM –José Chauffleur y Armando Valladares– y varios altos cargos del Gobierno de Cantabria por participar en lo que la entidad demandante ha calificado sin ambages como una "megaestafa". Los responsables políticos imputados en la denuncia son José Manuel Lombera –subdirector general de Ordenación del Territorio–, Miriam García –ex directora general de Urbanismo– y Pedro J. Hernando –jefe del Gabinete del consejero de Obras Públicas–.

En el escrito de denuncia, se imputan diferentes delitos a cada uno de los encausados –estafa, falsificación, apropiación indebida, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias y abusos en el ejercicio de sus funciones–, y se solicita una fianza de dos millones de euros para "asegurar las responsabilidades civiles".

Según la querella, Celtus contrató a José Chauffleur en el año 2006 como representante de la firma, siendo su principal labor la búsqueda de inversores para el proyecto. Los primeros problemas surgen porque el empresario, que se presentaba como "director financiero de Celtus desde 2003", cargó cuantiosos gastos a la empresa en trabajos de promoción. En 2007, Chauffleur aparece ya asociado a la empresa de Valladares, como "vicepresidente para Europa". Celtus manifiesta igualmente que Chauffleur mintió en su currículum vitae, al resultar falsos la mayoría de los datos que proporcionó en relación con las diferentes empresas en las que dijo haber trabajado como consultor corporativo o profesor universitario. Lo único que ha podido ser comprobado es la deuda que Chauffleur tenía en 2005 con la Seguridad Social –cerca de 20.000 euros–, por la que se le practicó el embargo de sus bienes.

¿Dónde están los avales?

Con estos antecedentes judiciales, se celebró a principios de abril la reunión entre el Gobierno de Cantabria y VFM. En dicha reunión, el Gobierno de Cantabria estuvo representado por su presidente, Miguel Angel Revilla, y los consejeros de Cultura y Obras Públicas, Javier López Marcano y José María Mazón, respectivamente. Por parte de los promotores del proyecto, acudieron Armando Valladares y José Chauffleur, así como el presidente de Swiss Capital Corp, Carlos Muñoz. Esta última entidad ha sido presentada como el banco de inversiones que se ocupará directamente de la financiación de la Ciudad del Cine.

A priori, los promotores aportarán al menos el 52% del total de la financiación necesaria –sobre un total de 600 millones de euros– y el resto llegará a través de subvenciones y endeudamiento bancario. El ejecutivo cántabro también podría entrar en la financiación del proyecto, más allá de las contrapartidas ofrecidas a los actuales propietarios de las canteras –Solvay y Junta Vecinal– para la cesión directa de los terrenos.

Sin embargo, hasta el momento no se han presentado los avales mínimos para hacer efectiva la ejecución del proyecto. Por ello, el ejecutivo autonómico insiste en solicitar garantías económicas y jurídicas que aseguren su viabilidad. A pesar de todo, el Gobierno Cántabro ha confirmado que se encuentra "prácticamente ultimado" el documento de referencia, que será remitido a la empresa en el plazo más breve posible. Una vez que VFM redacte el proyecto definitivo, podrá aprobarse un Plan Singular de Interés Regional (PSIR) para la zona.

ARCA propone alternativas

La asociación ARCA ha presentado al consejero de Obras Públicas, José María Mazón, un extenso documento explicando los motivos de "ilegalidad" del proyecto. El grupo ecologista considera "lamentable" que el Gobierno de Cantabria se plantee la tramitación de un PSIR para "permitir que una sociedad inversora construya sobre un suelo protegido por el POL".

Como alternativa de ubicación, la asociación propone a Mazón que se traslade el parque temático a una "zona próxima a Santander y la Autovía del Cantábrico", que sin duda implicaría un menor daño ecológico y un mínimo gasto en infraestructuras. "Pero claro, el inconveniente es que estos terrenos hay que pagarlos, bien a precio de mercado o a precio de expropiación, una circunstancia que al promotor no le va a hacer ninguna gracia porque en Cuchía le salen gratis", declara finalmente la asociación ecologista.