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El juez admite a trámite el recurso contra las cacerías de lobos en la comarca oriental


-->>[La Nueva España -Asturias-] [14/06/07 | 15:23 h.]



El Tribunal Superior de Justicia da a la Administración veinte días para que entregue el expediente administrativo de las batidas cinegéticas.


La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha admitido a trámite el recurso presentado hace unos días contra las cacerías de lobos organizadas en la comarca oriental por la Asociación para la Defensa Jurídica del Medio Ambiente ULEX. El tribunal, presidido por el magistrado Jesús María Chamorro González, ha dado a la Administración un plazo de veinte días para que remita el expediente administrativo referente a las cacerías, que se celebran desde hace unas semanas en los Picos de Europa y su entorno y que ya han dado como resultado la muerte de un ejemplar. Las batidas cinegéticas del lobo están siendo organizadas por la Consejería de Medio Ambiente y la dirección del parque nacional de los Picos de Europa.

ULEX logra así que se abra la vía de hecho, después de haber exigido a Parques Nacionales y a Medio Ambiente la inmediata suspensión de las cacerías. Aparte de la petición de que las batidas sean declaradas como no conformes a derecho, ULEX solicita «la reparación del daño ocasionado», para restaurar el medio natural «al ser y al estado previos al momento de producirse la agresión». El colectivo, con sede en Cangas de Onís, reclama la adopción de medidas preventivas, como la reparación urgente de varios cercados instalados en los Picos para proteger el ganado y que permanecen desatendidos por la Administración. ULEX, colectivo que preside el ex guarda del parque nacional Alfredo Menéndez, mantiene abiertos otros dos frentes judiciales, ambos por las batidas organizadas en la sierra del Cuera. Por un lado, el colectivo conservacionista mantiene una denuncia penal en la Audiencia Provincial. Por otro, impulsa un contencioso-administrativo en el TSJA. Según ULEX, las batidas son presuntamente ilegales y suponen un nuevo episodio de «furtivismo de estado».

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